Iglesia y transición a la democracia en Argentina: el caso de la diócesis de Mar del Plata (1981-1983).

The catholich church in the transition to democracy in Argentina: the case of the diocese of Mar del Plata (1981-1983).

Gabriela Quiriti

Universidad Nacional de Mar del Plata

CONICET

https://orcid.org/0009-0000-2696-704x

gaby_quiriti@hotmail.com

Resumen

Durante los años finales de la última dictadura militar argentina, se produjeron una serie de transformaciones en el accionar de los actores políticos y sociales más relevantes, entre ellos la Iglesia católica, que sentaron las bases de su discurso y modo de intervenir en el proceso de transición. En mayo de 1981, la Conferencia Episcopal Argentina publicó el documento “Iglesia y comunidad nacional”, marcando el posicionamiento de la jerarquía eclesiástica en dicha coyuntura. La interpretación general acentuó la importancia de las críticas económicas al plan militar, que abrieron el juego a diversas iniciativas de actores eclesiásticos en la arena nacional. Consideramos que la reducción de la escala de análisis puede aportar una lectura más compleja de esta coyuntura. Por tanto, en el presente artículo se analizará la situación de la diócesis de Mar del Plata entre septiembre de 1981 y diciembre de 1983, partiendo de la conformación de la Asamblea del Pueblo de Dios como espacio de debate y encuentro pastoral a nivel local y finalizando con la asunción como presidente de Raúl Alfonsín. Se entiende que, en este marco de apertura progresiva, la Iglesia local convocó a su feligresía y clero para un diálogo sobre el rol de la institución en el nuevo contexto.

Palabras clave: iglesia, democracia, catolicismo, obispo

Abstract

During the final years of the last military dictatorship in Argentina, a series of transformations took place in the intervention strategies of the most relevant political and social actors, among them the Catholic Church, which laid the foundations of their discourse and way of intervening in the process of transition. In May 1981, the Conferencia Episcopal Argentina published the document "Iglesia y Comunidad Nacional", stablishing the position of the ecclesiastical hierarchy in this situation. The general interpretation accentuated the importance of economic criticism of the military plan, which opened the game to various initiatives by ecclesiastical actors in the national arena. We believe that reducing the scale of analysis can provide a more complex reading of this situation. Therefore, this article will analyze the situation of the diocese of Mar del Plata between September 1981 and December 1983, starting with the announcement of the Asamblea del Pueblo de Dios, a space for debate and pastoral meeting, and ending with the presidency of Raúl Alfonsín. It is understood that, in this framework of progressive opening, the local Church summoned its parishioners and clergy for a dialogue on the role of the institution in the new context.

Keywords: church, democracy, catholicism, bishop

Fecha de envío: 18 de septiembre de 2023

Fecha de aceptación: 9 de noviembre de 2023

Introducción

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumía como primer presidente democráticamente electo luego de siete años de dictadura. El hito, que marcaba desde un punto de vista jurídico y de formas, el retorno de la democracia, quedó enmarcado en un proceso más amplio que suele denominarse como la “transición”, de carácter complejo, marcado por diferentes momentos de diálogo y apertura (Franco, 2018). Esto se debe, en parte, a que cada uno de los actores políticos y sociales involucrados lo experimentaron de forma diversa. En el caso que aquí nos ocupa, el de la Iglesia católica, existe un cierto consenso en afirmar que mayo de 1981, con la redacción del documento “Iglesia y Comunidad nacional” de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se formalizó el distanciamiento frente a la dictadura y se propusieron una serie de principios orientados a la reorganización institucional. (Fabris, 2011; Bonnin, 2012). Durante la dictadura, la CEA vivió un recambio en el elenco de obispos y una lenta y controlada renovación del núcleo hegemónico de ideas, que se expresaron en la presidencia de Raúl Primatesta, desde 1976 hasta 1982.¹ Si durante la etapa posterior al Concilio Vaticano II y hasta las postrimerías de la dictadura la situación de convulsión había sido la regla hacia el interior de la institución, la respuesta de la jerarquía desde mediados de los setenta fue un giro conservador, a la vez que las propuestas renovadoras eran incorporadas en una versión que no desafiara abiertamente la autoridad de la jerarquía. Así, los obispos ordenados entre 1973 y 1982 parecen responder a un perfil alineado con estas condiciones político-institucionales.

En esta línea, el presente trabajo propone un estudio del caso de la diócesis de Mar del Plata en la primera etapa de transición a la democracia, periodo que ha recibido escasa atención dentro de la genealogía de los trabajos del ámbito local. Consideramos que la llegada al obispado de Mar del Plata de Rómulo García a principios de 1976 responde a la lógica político-institucional previamente descrita, y que una mirada a escala diocesana permitirá una comprensión más compleja de los fenómenos que se dieron hacia el interior de la Iglesia durante la transición democrática. Asimismo, sostendremos que los posicionamientos asumidos por el obispo marplatense a lo largo de esta primera etapa de la transición atendieron a problemáticas socio-económicas y de orden moral, con una escasa presencia de los reclamos relativos a la cuestión de los Derechos Humanos y alineándose con el concepto de reconciliación planteado por el episcopado. Dada la naturaleza polisémica que revistió a dicho concepto, los obispos le dieron diferentes usos. En el caso de García, observamos la primacía del concepto ligado a la idea de indulgencia, arrepentimiento de los pecados y conversión interior, más que vinculado a una necesidad de revisar judicialmente las acciones represivas de la dictadura. Finalmente, se buscará demostrar que García se inscribió en una línea compartida por algunos obispos que recibían la democracia con cierta intranquilidad por los procesos del orden social y, en sus términos, moral, que acompañaban las transformaciones políticas.

En los últimos años diferentes trabajos han señalado la necesidad de analizar a la Iglesia católica considerando no solo a su jerarquía a través de la CEA como órgano colegiado, sino también recuperando las dinámicas diocesanas (Fabris, 2023). Así, se torna prioritario indagar en la escala subnacional, en las posiciones asumidas por los obispos en ese marco de contacto con su feligresía y en el rol del clero y laicado locales en su conjunto. Por ser concebidas, a partir del Concilio Vaticano II, como una porción del pueblo de Dios y, a la vez, como el territorio a cargo de un obispo, la existencia de las diócesis convoca a analizar de qué manera se construye la presencia inmediata de la Iglesia en la sociedad. Así lo ha demostrado parte de la producción sobre el siglo XIX, centrada en la historia eclesiástica local (Lida, 2015; Di Stefano, 2013; Barral, 2013), que abrió camino a algunos trabajos relevantes para la primera mitad del siglo XX en provincias como Santa Fe (Mauro, 2008), Tucumán (Santos Lepera, 2022) y Córdoba (Vidal y Blanco, 2010). También se ha avanzado en una perspectiva que procura observar procesos más amplios a la luz de la trayectoria de los obispos, lo que remite al análisis biográfico que considera a los actores individuales como “nudos” desde donde analizar el entorno y el entrecruzamiento de las dimensiones individual y colectiva (Dominella, 2015). El estudio de las trayectorias de los prelados en la historia argentina del siglo XX se muestra como una perspectiva fructífera, aunque aún fragmentaria. Se destacan, de todas maneras, los trabajos sobre Santiago Luis Copello (Bianchi, 2002), Leopoldo Buteler (Camaño Semprini, 2017) y Antonio Caggiano (Fabris y Mauro, 2020). Para el período dictatorial, entre los antecedentes se alternan trabajos académicos y abordajes testimoniales y periodísticos. Entre los primeros, resulta relevante la reconstrucción de la trayectoria del pro vicario castrense Victorio Bonamín (Bilbao y Lede, 2016) y las investigaciones que repararon en las figuras de Jorge Novak, obispo de Quilmes (Woods, 2003; Pinedo, 2021), de Jaime de Nevares, obispo de Neuquén (Mombello y Nicoletti, 2005; Azconegui, 2021; Rodríguez, 2022), Miguel Hesayne en Río Negro (Barelli, 2019) y de Adolfo Tortolo en Paraná (Vartorelli, 2021).

La periodización seleccionada para el caso de la diócesis de Mar del Plata toma como punto de partida la publicación de “Iglesia y Comunidad Nacional” para intentar observar las posiciones asumidas por el obispo García y su impacto en el espacio diocesano, así como su correlación con las expresiones vertidas por la jerarquía a nivel nacional. El análisis se sustenta sobre un conjunto de fuentes, en el que se destacan la prensa local (diarios La Capital y El Atlántico), la Revista Diocesana del obispado de Mar del Plata y los documentos episcopales de la CEA. El arco temporal analizado se cierra con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente, hito que, aunque no marca necesariamente el final de la transición a la democracia, sí representa un punto de inflexión en cuanto a las preocupaciones expresadas por la Iglesia, centradas a partir de ese momento en la reconstrucción de su rol social y la discusión de una agenda vinculada a la familia, la educación religiosa y la moral, en términos amplios. Por tanto, se dividirá el trabajo en cuatro apartados: un primero descriptivo sobre la diócesis de Mar del Plata y el contexto de la llegada de García al obispado, un segundo que analiza la etapa transcurrida desde la publicación de Iglesia y Comunidad Nacional hasta el final de la Guerra de Malvinas, un tercero que se extiende desde este punto hasta la sanción de las leyes electorales en 1983 y una última sección dedicada a la reinstitucionalización, la campaña electoral y las elecciones.

La diócesis de Mar del Plata

La diócesis de Mar del Plata fue creada el 11 de febrero 1957 por la bula “Quandoquidem adoranda” de Pío XII, en acuerdo con el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, en el marco de un proceso de expansión institucional de la Iglesia católica argentina (Reclusa, 2019). En la flamante diócesis fue nombrado como obispo Enrique Rau, hombre de perfil intelectual, ex obispo de Resistencia, Chaco. La ciudad tenía una tradición católica notable, sobre todo entre la comunidad migrante italiana del puerto, y la parroquialización había acompañado el crecimiento urbano, ligado también a las congregaciones religiosas que abrían capillas y colegios (Portella, 2007). Reclusa (2019) señala que la etapa que transcurrió entre la creación de la diócesis y el comienzo de la última dictadura militar fue de un inusitado crecimiento. La gestión de Rau fue ampliamente valorada y, a su muerte en 1972, fue reemplazado por Eduardo Pironio, quien afrontó un proceso de ebullición donde se combinaban la situación política y la universitaria con las transformaciones hacia el interior de la Iglesia luego del Concilio Vaticano II. Pironio, paralelamente, ocupó el cargo de titular del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

En septiembre de 1975, se alcanzó un clímax de violencia a nivel local: el “Pironio montonero” que apareció en las paredes de la catedral solo fue el anticipo de la amenaza de la Triple A. En este marco, el 21 de septiembre de 1975, Pironio fue designado frente a la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares por Paulo VI, motivo por el cual debería abandonar la diócesis local para dirigirse al Vaticano. En los meses siguientes se le tributó una despedida con múltiples actos y demostraciones de aprecio hasta que finalmente dejó la ciudad a fines de noviembre. Eduardo Pironio se convertiría así en un referente para los fieles locales.

El 9 de enero de 1976 Rómulo García, por entonces obispo auxiliar de la diócesis, fue designado como titular de Mar del Plata.² Asumió el 19 de febrero con presencia de Pironio, quien viajó para la ocasión, y de las autoridades locales, sosteniendo que no venía “a dar soluciones políticas ni socioeconómicas, sino cristianas”.³ En su primera misa, demostró sus reparos respecto a una “Iglesia comprometida” que se construye “sobre la voluntad del hombre y no la de Dios”.⁴ Estas expresiones marcaban un distanciamiento del compromiso político asumido por numerosos miembros del clero y el laicado en un contexto de violencia creciente. A partir de entonces, el nuevo obispo daría curso a una gestión que articuló el diálogo con sectores como el periodismo, los gremios, los espacios vinculados al turismo, autoridades universitarias, entre otros. Fue, además, presidente de la Comisión de Turismo y Migraciones de la CEA.

Las crecientes críticas a la dictadura

Inicialmente, la Iglesia católica argentina reconoció a la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 como una forma necesaria de enfrentar el “mal marxista”, la crisis institucional y lo que entendía la mayoría de los obispos como un estado de desorden generalizado. Desde ese lugar se constituyó en una auténtica fuente de legitimación, sobre todo a través de los sectores integristas, aunque no tardarían demasiado en llegar las desavenencias con dicho proyecto (Galli et al, 2023). La posición asumida por la jerarquía eclesiástica tuvo algunos rasgos que se expresaron, superando los matices individuales, en los documentos colectivos. El reconocimiento por haber asumido el poder en un momento de emergencia y el aval a la tarea represiva, convivieron con críticas al plan económico y -mucho más tímidamente- a los “excesos” producidos en el marco de la “lucha contra la subversión”. (Obregón, 2005; Verbitsky, 2006). Para 1981 los aspectos críticos pesaban más y los obispos comenzaban a mirar favorablemente el retorno de la democracia. En mayo de 1981, en el documento “Iglesia y Comunidad Nacional”, la jerarquía definió su opción por el retorno de la democracia y también un marco general desde el cual comprender el pasado reciente. La propuesta se centraba en el concepto de reconciliación, convocando al reconocimiento de los “errores” y al encuentro de la verdad y la justicia para lograr una reconciliación “profunda” del pueblo argentino (Fabris, 2011; Bonnin, 2012). En ese contexto, los obispos aumentaron su autonomía respecto al gobierno. Hubo también sectores de la Iglesia que se mantuvieron alineados con la dictadura a lo largo de todo el proceso, como fueron los capellanes militares (Bilbao y Lede, 2016).

En el caso de la diócesis de Mar del Plata, las orientaciones que estaba tomando la CEA no pasaron desapercibidas. En los primeros años de la dictadura, las relaciones de la Iglesia local con el poder político habían transitado por carriles institucionales. Fue frecuente que el obispo o el vicario general de la diócesis⁵ se reunieran con los intendentes locales,⁶ mostrándose juntos en celebraciones oficiales, misas por el aniversario de Mar del Plata o fiestas patronales, la inauguración de las temporadas turísticas, entre otras ocasiones protocolares. Rómulo García desarrolló durante sus primeros años como obispo, coincidentes con los de la dictadura, una gestión centrada en el crecimiento institucional diocesano, creando la Comisión Diocesana para los Medios de Comunicación (CODMECO), el Consejo Pastoral y la construcción de la casa de retiros diocesana que buscaron promover la intervención y participación de los laicos en diferentes actividades (Baigorria, 2022). Asimismo, construyó un fuerte vínculo con los jóvenes, agrupados en el Movimiento Juvenil Diocesano, a favor de los cuales García intercedió en ocasión de acusaciones recibidas por algunos de estos jóvenes en función de su compromiso político con agrupaciones como Montoneros.⁷

El clima dialoguista y de apertura marcado por “Iglesia y comunidad Nacional” y la conformación de la Multipartidaria, también se evidenció en la diócesis marplatense. En febrero de 1981 se convocó desde el obispado a la Asamblea del Pueblo de Dios,⁸ a realizarse entre el 14 y el 18 de septiembre de ese mismo año. Si bien oficialmente los objetivos eran buscar caminos para la evangelización y catequesis y revisar las disposiciones pastorales en diálogo con la comunidad,⁹ la convocatoria marcó el interés del obispo en dialogar con la feligresía en un clima signado por el resquebrajamiento del poder dictatorial. Así, el obispo García convocaba a una discusión a partir de la “reflexión de los documentos de la Iglesia que no obvian ninguna de las realidades de nuestro tiempo (…) Es por eso que en este encuentro estarán comunidades ligadas a la Iglesia de Cristo para dar respuesta a los problemas de esta hora tan crucial para la comunidad”.¹⁰ Con algunos temas centrales como la familia y la juventud, la Asamblea reuniría a 400 personas, comenzando con una misa de apertura en la Catedral, pero desplazándose luego el debate hacia el estadio Ciudad de Mar del Plata, con exposiciones a cargo de los padres Juan Carlos Maccarone,¹¹ Alfredo Ardanaz¹² y Horacio García, coordinadores de las jornadas de discusión, y deliberaciones por equipos de trabajo. El viernes 18, una misa de clausura cerraría las sesiones.¹³ Los grupos de trabajo, 24 en total, estaban compuestos por laicos y religiosos de ambos sexos, así como niños de las parroquias de los siete partidos que componían la diócesis.¹⁴

En la homilía inaugural, García expresó argumentos alineados con el discurso vertido en “Iglesia y Comunidad Nacional” respecto del rol totalizante de la Iglesia católica:

No se puede ser fiel a la identidad de la Iglesia, ni consecuente en su misión, fuera de una visión totalizante de la misma. En estos días debemos comprenderla y expresarla en un signo de comunidad visible, congregados por la misma fe y animados por la misma caridad, bajo la guía de sus pastores. Un cuerpo organizado y orgánico¹⁵

Ese cuerpo orgánico que era la diócesis y, en términos más amplios, la Iglesia, se asentaba en los pilares de la familia como “primer centro evangelizador” y la juventud como “fuerza renovadora del cuerpo social”.

Esa preocupación omnipresente por la juventud, que encontraba sus antecedentes en el documento de Puebla y en directivas emanadas desde el Vaticano, se repetía en el lema de la Caravana de la Primavera de ese año: “Una juventud mejor por un mundo mejor”.¹⁶ La Caravana de la Primavera, surgida en 1961 por iniciativa del sacerdote Pablo Marinacci de la obra de Don Orione, es una celebración organizada en la ciudad de Mar del Plata cada septiembre. En épocas de dictadura y desmovilización social, las manifestaciones católicas de masas convocaron a multitudes que encontraron en ellas espacios de resistencia, ocasiones para ganar la calle en un clima de intensa apatía (Lida, 2008). En este marco puede comprenderse el fervor despertado por la Caravana. En la edición de 1981, más de 10.000 ciclistas se encolumnaron avanzando por las principales arterias de la ciudad, desde la parroquia San José de calle Matheu y Salta, hacia el barrio Alfar. En la misa de cierre de la misma, confluyeron el intendente Fabrizio y el obispo García. Otra de las manifestaciones católicas de masas a nivel local fue la Marcha de la Esperanza, cuya primera edición se realizó en 1974 por iniciativa del entonces obispo Pironio. Organizadas por el MJD, nacían del compromiso político y social que se despertó en el Concilio Vaticano II y en la Conferencia de Medellín (Reclusa, 2015; Baigorria, 2022). En 1981, el foco estuvo puesto en el pedido de paz con Chile.¹⁷

Otro motivo de activismo dentro de la Iglesia fue la crítica situación económica, que se manifestaba también a nivel local. El plan económico de la dictadura ya exhibía síntomas claros de agotamiento y se intensificaban las críticas y resistencias hacia un modelo que agudizaba las problemáticas del desempleo y la pobreza cada vez más (Schorr, 2013). A los acontecimientos nacionales se sumaba la publicación, en septiembre, de la encíclica papal Laborem Exercens, que versaba sobre la relación entre trabajo y justicia social. En ese clima, la CGT exhortó al gobierno a respetar la encíclica.¹⁸ En Mar del Plata, el vicario general José Erro se reunió en noviembre con miembros de la CGT local, Hugo Moyano, delegado regional de la CGT, y Roque Di Caprio, de SMATA, para brindar su apoyo a las jornadas “Paz, pan y trabajo” organizadas en la iglesia San Cayetano.¹⁹ Las jornadas fueron, en Buenos Aires, escenario de una multitudinaria movilización. Luego de la misa, que contó con la presencia del ministro del interior Horacio T. Liendo, se dieron algunos incidentes en las inmediaciones de la parroquia sita en el barrio de Liniers y los militares tutelaron la desmovilización. En Mar del Plata, la marcha se vio frustrada por la intensa presencia de efectivos policiales en la zona de la parroquia, frente a lo cual los dirigentes sindicales pidieron a quienes se preparaban para marchar que desmovilicen.²⁰ Sí se realizó la misa y entrega de ofrendas por parte de los miles de fieles que pasaron por la parroquia, incluidos dirigentes sindicales locales de calibre como los ya mencionados Moyano y Di Caprio. Todo esto mientras la CEA deliberaba en San Miguel sobre la situación socio-económica. Si bien en estas manifestaciones se vio con claridad el apoyo de la Iglesia en los reclamos por la situación socio-económica nacional, el obispo marplatense se encontraba, entretanto, en la ciudad de Balcarce y no se pronunció respecto al tema.²¹

Más allá del activismo y las críticas, los vínculos entre los actores religiosos y las instituciones militares a nivel local seguían siendo fluidos. Las ceremonias castrenses por los caídos por la subversión fueron ocasión para el despliegue de discursos que legitimaban el accionar represivo de las Fuerzas Armadas. En noviembre de 1981, en la Escuela de Infantería de Marina (ESIM) de Punta Mogotes se llevó a cabo una misa en memoria de los muertos por la patria, con homilía del capellán de la escuela, presbítero Jaime Fajardo, y discursos de funcionarios que apuntaron directamente a recordar “a las familias truncadas por la acción de la subversión apátrida”. En paralelo, se desarrollaba un evento de similares características en la base aérea local, con presencia de los capellanes Rodolfo Robert (GADA 601), Juan Jesús Schiro (Marina) y Rubén Matías (base aérea).²²

A nivel institucional, el documento “Iglesia y Comunidad Nacional” había marcado un panorama de los tópicos de interés para la Iglesia en esa particular coyuntura de la transición a la democracia. Si bien en el plano local se retomaron las referencias a la situación socio-económica y a la esencia católica de la Nación, se avanzó poco en otros aspectos como la cuestión de los Derechos Humanos. En un contexto cada vez más conflictivo y de progresiva apertura y relajamiento de la censura, comenzaron a aflorar voces, antes silenciadas o sistemáticamente ignoradas, que cuestionaban cada vez más fuertemente la represión, los medios empleados y el rol de la Iglesia. La reacción de la jerarquía eclesiástica involucró la elaboración de un discurso que retomaba de los setenta la idea de una guerra interna, el rechazo de la violencia «de uno y otro lado» y una Iglesia que bregaba por la paz social (Bonnin, 2012). En diciembre, en el mensaje de Nochebuena ofrecido para la diócesis marplatense, Rómulo García se hacía eco de la misma, llamando a una “reconciliación con la verdad, reconociendo equivocaciones”, asumiendo la identidad cristiana del pueblo y dejando atrás las divisiones.²³

Malvinas, la aceleración de la descomposición de la dictadura

La guerra de Malvinas aparece en la historiografía como la “última apuesta” de una dictadura militar que perdía, a pasos acelerados, legitimidad (Quiroga, 2004; Canelo; 2008). La declaración de guerra, en abril de 1982, coincidía con el reemplazo en la presidencia de la CEA de Primatesta por el cardenal Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires. A partir de ese momento, la centralidad en el discurso eclesial sería la exhortación a la paz, siguiendo la tendencia a nivel institucional y recuperando el discurso impulsado desde la Santa Sede por Juan Pablo II.²⁴ El desembarco en las islas fue precedido por una etapa crítica para el gobierno, con movilizaciones y reclamos cuyo momento más álgido sería la movilización de la CGT en marzo de 1982. Estos eventos tuvieron incidencia en el espacio local. El año comenzaba en la diócesis con una visita de representantes de la CGT nacional de la talla de Lorenzo Miguel, José Caldera y Saúl Ubaldini, acompañados por los marplatenses Hugo Moyano, Dante Morelli y Raúl Muñoz, en la cual se examinó la última encíclica papal y se recordó la importancia de la doctrina social de la Iglesia para el movimiento obrero.²⁵ La reunión se daba en el marco de un congreso por la unidad de la CGT, que preparaba su plan de movilización.

La guerra de Malvinas irrumpió en el escenario político argentino y marginó estos reclamos, postergados por el amplio apoyo a la causa nacional. Esta situación de “tensión y euforia a la vez” era descrita por el obispo García durante la misa central del Domingo de Ramos en la Iglesia catedral de Mar del Plata, en la que realizaba un llamado al sacrificio del pueblo:

Los individuos, las comunidades, las naciones se forjan y triunfan con sacrificios, con trabajo, con renunciamientos, dando la vida. Cuando se dejan estos caminos, se desmoronan los imperios, se deshacen los pueblos, desaparecen las comunidades, se quiebra y destroza el mismo ser humano.²⁶

Durante los meses de guerra se celebraron varias misas por la paz y en honor a los caídos en acción y la jerarquía se expresó a favor de una solución favorable para los intereses nacionales, aunque priorizando la llegada de una solución pacífica. Los discursos del obispo local no esquivaron la tensión que fue predominante en la jerarquía entre la obligación de hacer un llamado a la paz alineándose con Juan Pablo II y participar del espíritu nacionalista que recorría el país. Así lo afirmaba Rómulo García en la homilía del 8 de abril de 1982 en la Iglesia catedral, frente a autoridades civiles y militares:

como argentinos y cristianos, no queremos la guerra. Por eso venimos a implorar la paz. Tampoco queremos negociaciones que se basen en la mentira o en intereses ajenos a la verdad que nos asiste por derecho y a la justicia que surge de una realidad histórica más allá de 1833.²⁷

Solapados con las homilías de Semana Santa, los discursos sobre Malvinas de los diferentes obispos convocaban mayoritariamente a la paz, al igual que lo hacía el Papa. En este marco, García convocaba a una paz interna y otra externa:

Hoy, en nuestra propia Patria, necesitamos como cristianos pedir a Dios por la paz. Frente al conflicto desatado por la recuperación de las Malvinas e Islas del Atlántico Sur es necesario consolidar una paz externa que se base en la justicia y el derecho. Al mismo tiempo una paz interna que también supone justicia, unidad y solidaridad.²⁸

No obstante, el discurso de García no esquivaba algunas interpretaciones más precisas sobre las causas de la guerra, sosteniendo que el desembarco argentino en las islas tenía la finalidad de negociar y era, entonces, mucho menos cuestionable que la toma por la fuerza del territorio por parte de Gran Bretaña. Asimismo, al tiempo que llamaba a la paz, afirmaba que en esa paz los argentinos debían “poder gozar plenamente de nuestros derechos, que hoy tienen nombre: las Malvinas”.²⁹ Finalmente, los obispos argentinos se encolumnaron detrás de la voz de Juan Pablo II, que visitó la Argentina durante los días 11 y 12 de junio, pocos días antes de la rendición.

La derrota aceleró la descomposición del poder militar y la Iglesia fue un actor más dentro del nutrido coro de voces que reclamaron la pronta reinstitucionalización del país. En este marco, las preocupaciones del obispo giraron en torno a la idea de reconciliación, por un lado, y por otro, a la situación socio-económica de la feligresía, asumiendo el rol de interlocutor entre diversos sectores que comenzaban a plantear sus negociaciones de cara al inminente ordenamiento institucional. Respecto del primer punto, el 11 de agosto de 1982, la CEA dio a conocer el documento “Camino de Reconciliación”. Comenzaron a generalizarse dentro del clero las críticas abiertas a los métodos represivos, así como las apreciaciones respecto del juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Si bien tempranamente habían existido vagas referencias a la Justicia en el discurso del obispo local, como las realizadas en el marco de la publicación del documento “Reflexión cristiana para el pueblo de la patria” en mayo de 1977, el posicionamiento comenzaba a clarificarse en este contexto más que como una expresión trascendente. Sostenía Rómulo García: “no estamos reunidos para hacer juicios históricos sobre las víctimas del terrorismo, la represión, o la guerra, o sobre sus causales, ni sus victimarios. La justicia, los tribunales del caso, el juicio de la historia darán su veredicto”.³⁰ En una línea similar se expresaba el vicario Erro en ocasión de la celebración del “día de oración por la reconciliación del pueblo argentino”, fijado por la CEA para el 19 de diciembre de 1982.³¹ En el mensaje de navidad de 1982, Rómulo García llamaba a creer en la paz y la reconciliación del pueblo, que debía aprender de la experiencia dictatorial a vivir como hermanos dentro de las diferencias.³²

En este marco, no recibieron atención por parte de la jerarquía local las Madres de Plaza de Mayo, cuyas marchas iniciaban siempre en la Iglesia Catedral. Las marchas de Madres en la ciudad se desarrollaron con mayor frecuencia y convocatoria creciente a partir del final de la Guerra de Malvinas. En octubre, noviembre y diciembre de 1982 hubo manifestaciones que partieron desde la Catedral para marchar por la peatonal San Martín, entregando panfletos donde reclamaban la aparición con vida de los desaparecidos y la entrega de los niños apropiados, también por entonces llamados “desaparecidos”, a sus familias.³³ No obstante, no fueron convocadas oficialmente por el obispado. Una actitud diferente se aprecia respecto de otras manifestaciones, que también se congregaban en la catedral, como aquellas relativas a reclamos socio-económicos, donde el obispo García sí convocaba al diálogo a los sectores sindicales e incluso en ocasiones hizo acto de presencia en las calles para moderar la represión hacia los manifestantes.³⁴ Las marchas continuaron, con junta de firmas, a lo largo de 1983, especialmente para pedir en contra de la amnistía militar, pero sin que se produjera acercamiento alguno desde el obispado. Puede intuirse que la prioridad de García era una reconciliación que no hiciera demasiado énfasis en los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.

Con respecto al segundo punto mencionado, en esta etapa la CEA se mantuvo en el rol de interlocutor en el diálogo entre los diferentes actores políticos y sociales y el gobierno en el contexto de agudización de la crisis económica y social. A nivel local, en septiembre de 1982, existió una nueva reunión de la CGT local con el vicario Erro. Los dirigentes sindicales locales le comentaron al vicario los motivos del paro de actividades que se produciría el 22 de ese mes. Dos meses después, recibía a la Liga de Amas de Casa marplatenses, que plantearon reclamos relativos a las acuciantes necesidades sociales que sufrían los barrios de la ciudad.³⁵

En cuanto a las manifestaciones católicas de masas, observamos un reflejo de las preocupaciones de la Iglesia a nivel institucional en ese contexto. En la Caravana de la Primavera de 1982, se rezó por un camino de reconciliación que uniera al pueblo.³⁶ La Marcha de la Esperanza de ese diciembre llevaba como lema “María, enséñanos a construir una patria de hermanos”.³⁷ Esta tendencia repetía lo acontecido meses antes, en la peregrinación a Luján, en Buenos Aires, donde se había pedido por la “unión del pueblo argentino”.³⁸

La Iglesia de cara al retorno democrático: entre la expectativa y la desconfianza

A lo largo de 1983, y ya en vistas del inminente retorno de la democracia, las preocupaciones de la Iglesia a nivel local se nuclearon en torno a dos ejes: en primer lugar, las advertencias respecto del orden moral que emergería después de la dictadura. En segundo término, el ordenamiento institucional y los reparos con respecto a la democracia ocuparon una creciente proporción en el debate eclesiástico. Del primer eje, emergió como referente a nivel nacional la figura del obispo de Mercedes, Emilio Ogñegovich. En el plano local, García se plegó a estos discursos episcopales que abrían un frente de conflicto con el proceso de democratización. Frente al relajamiento de la censura se abría un horizonte de incertidumbre respecto a temas como la moralidad, la familia, la “minoridad y la juventud”, que motivaron las Jornadas de Pastoral de abril del 1983 en Mar del Plata, realizadas en el complejo de Hoteles de Unidad Chapadmalal, con presencia de funcionarios públicos, del titular del área de minoridad del Secretariado Permanente para la Familia del Episcopado Argentino, obispo Ogñenovich, el vicario local José Erro y el presbítero Antonio R. Maggi. Los temas a tratar según el programa serían: adopción, recreación y tiempo libre, medios de comunicación, desviaciones sexuales y pornografía, conductas antisociales, drogadicción y alcoholismo, entre otros. En las jornadas, el obispo García afirmaba la necesidad de luchar contra atentados que afectan la vida de los hombres desde su nacimiento: "el horrendo crimen del aborto, la disolución de la familia por el divorcio legal (…), la pornografía, la droga y el alcoholismo”. Así, para el prelado, la crisis en la que se encontraba el país, más que política, económica o social, era de carácter moral.

Respecto del segundo eje, referente al ordenamiento institucional, luego de su asunción el entonces presidente de la Junta, Reynaldo Bignone, levantó la veda política, se comprometió a entregar el poder a un gobierno civil, como máximo, en marzo de 1984. En agosto de 1982 se sancionó el Estatuto para la Reorganización Partidaria (22.627/1982). Hacia mediados del año siguiente, se aprobaron la Ley Electoral (22.838/1983) y la Ley de Convocatoria Electoral (22.847/1983). Asimismo, los militares prepararon un paquete de medidas que tenían el propósito de elaborar un marco legal que asegure su inimputabilidad una vez iniciada la democracia. La amnistía militar se colocaba en el centro de la discusión. La Iglesia elaboró un plan para esa etapa, centrado en la reconciliación, que asumió diferentes significados para los actores que componían el heterogéneo campo eclesiástico y para los demás sectores de la sociedad. En abril, la CEA publicó un documento en el cual sostenía que:

La reconciliación nacional ha sido el centro de nuestra enseñanza pastoral en los últimos años y se ha manifestado en lo que hemos llamado servicio de reconciliación. (…) Ella implica el reconocimiento de los propios yerros en toda su gravedad, la detestación de los mismos, el propósito firme de no cometerlos más, la reparación del mal causado y la adopción de una conducta totalmente nueva.³⁹

En líneas generales, se aceptaba que la represión había sido necesaria en un contexto de ataque a los “valores occidentales y cristianos”, y que las FF.AA. habían cumplido su deber. No obstante, comenzaron a criticarse más acentuada y abiertamente los medios utilizados. Para la jerarquía eclesiástica, era fundamental salir al cruce de las primeras manifestaciones de la idea de la “Iglesia cómplice” (Fabris, 2013).

Permanecieron, sin embargo, las disidencias de los actores más vinculados con las FF.AA., ligados en su mayoría al Vicariato Castrense y algunos espacios intelectuales expresados en publicaciones católicas. La mayoría de estos actores ensayaron críticas a la democracia y comenzaron a asociarla con el libertinaje y la posibilidad de un “rebrote subversivo”. En abril de 1983 visitó la diócesis local el vicario castrense Medina, para impartir una serie de conferencias en la Base Naval. En el marco de los debates respecto de una posible ley de amnistía, se pronunció abiertamente a favor. También condenó la inmoralidad de los terroristas y observó que “el problema de los desaparecidos comenzó antes de marzo de 1976”.⁴⁰ De hecho, Medina realizó en más de una ocasión declaraciones en las cuales negaba la existencia de cárceles clandestinas, de los mecanismos del terrorismo de Estado en general.⁴¹ Aunque algunas voces, como la de Medina y la del cardenal Aramburu, se expresaban a favor de dicha ley, la mayoría de los obispos mantuvieron sus reservas.⁴² El obispo de Mar del Plata hablaba de reconciliación e indulgencia en la ceremonia de inauguración del año santo, sosteniendo la necesidad de una purificación y del arrepentimiento por los pecados, temáticas caras al debate respecto de la amnistía militar.⁴³

Después de la publicación por parte de la Junta Militar del “Informe Final sobre la Lucha Antisubversiva” en abril de 1983, la actitud de los obispos, desde la CEA, se tornó cada vez más crítica y tendiente a favorecer la idea de la existencia de dos polos de violencia, la de los grupos guerrilleros y la de las FFAA. Rómulo García declaraba en este sentido, luego de reconocer la condena moral a los métodos represivos empleados por los militares: “no se trata de condenar globalmente a las FFAA por el yerro de varios de sus integrantes, como no se trata de condenar al pueblo argentino por el equívoco de miles de terroristas”.⁴⁴ Mientras el debate por la represión y las violaciones a los DDHH adquiría creciente centralidad, persistía la conflictividad por la situación socio-económica. El diálogo de la jerarquía eclesiástica con la CGT era permanente, tanto en la arena nacional, a través del Equipo de Pastoral Social del Episcopado, como en las diócesis. El 7 de agosto de 1983 fue ocasión de una multitudinaria celebración de San Cayetano, santo patrono del trabajo, tanto en la capital como en la ciudad de Mar del Plata, donde la peregrinación culminó con una misa oficiada por el obispo local.⁴⁵

A fines de septiembre, de cara a las elecciones y en paralelo a la publicación de la Ley 22.924 de Pacificación Nacional, conocida como autoamnistía de los militares, la CEA dio a conocer un documento denominado “pautas para el voto católico”. Se llamaba a votar a partidos que defendieran la vida, en el marco de debates respecto al aborto, la familia, amenazada teóricamente por la posibilidad de la aprobación, a futuro, de una ley de divorcio,⁴⁶ y la educación religiosa. En Mar del Plata, el obispo se reunió en varias ocasiones con dirigentes de diferentes espacios políticos, como el socialismo y la Juventud Democrática⁴⁷ y, en ocasión del Primer Encuentro de Dirigentes Políticos y Sociales Latinoamericanos celebrado en la diócesis, en noviembre, retomaría los necesarios vínculos entre política e Iglesia.⁴⁸

El 30 de octubre de 1983 se celebraron finalmente las elecciones que consagraron a Raúl Alfonsín y Víctor Martínez (UCR), triunfando frente a la fórmula Lúder-Bittel (PJ). Manifestaciones populares masivas colmaron las calles a nivel nacional. En la ciudad de Mar del Plata, se consagraba como intendente el radical Ángel Roig, quien se reunió con el obispo una vez concretado su triunfo.⁴⁹ La feligresía marplatense se sumó al fervor en sus manifestaciones de masas, en las calles, como la Marcha de la Esperanza, que ese año se realizó el 8 de diciembre. Nuevamente, el lema rezaba por la unión, en el marco de la algarabía por la recuperación de la democracia. No faltaba la advertencia y el pedido por que dicho clima perdurase.⁵⁰ La homilía pronunciada en esa ocasión por el obispo local era una buena síntesis de las preocupaciones expresadas por la Iglesia en los últimos meses:

Hemos caminado para que en nuestra patria haya justicia y verdad, por el trabajo, por los salarios justos y dignos. Hemos caminado para que en nuestra patria se respete la vida humana”, refiriéndose tanto a los atentados “de la subversión terrorista y de la represión ilegal” como al aborto y al “destape pornográfico.⁵¹

Rómulo García fue parte del conjunto de obispos que se mostraban expectantes -o cauteloso- ante el retorno de la democracia. En su mensaje navideño se preguntaba:

Esta nueva navidad nos encuentra en un ambiente social de distensión y esperanza (…) ¿esta nueva expectativa será durable? ¿Tiene consistencia?” y respecto de la justicia: “La simple justicia humana, si no está inspirada en el amor, nada reconstruye (…) La historia de un pueblo no se detiene sobre las ruinas del pasado, sino que se construye sobre la responsabilidad y la participación en el presente y los proyectos del futuro.

Cerraba con una advertencia:

Una democracia que quiera ser un camino que facilite la salvación del hombre y de la sociedad no puede convertirse en libertinaje o anarquía en nombre de la libertad. No puede conducir a un hecho de consumismo o a la idolatría de falsos ídolos como el poder, el sexo, la riqueza en nombre del progreso. No puede permitir la violencia, la drogadicción, el vicio planificado.⁵²

Conclusiones

La frustración por el rotundo fracaso de la dictadura generó al interior de la Iglesia y de su jerarquía posicionamientos bien diversos: hubo una mayoría de obispos comprometidos con el retorno de la democracia, aunque con diferentes expectativas, y también hubo actitudes críticas de aquellos obispos que se habían mostrado más cercanos y comprometidos con el “Proceso”. Las críticas que pronto se empezarían a manifestar pasaban por las cuestiones morales: la Iglesia abogaba por el resguardo de la familia tradicional, en contra del “destape” y el libertinaje. También hubo voces que se expresaron en contra de la revisión del pasado.

El rol de la Iglesia católica en la transición a la democracia y, en general, durante toda la dictadura, ha sido tema de análisis en trabajos abocados en los últimos años a construir una imagen más fidedigna de un actor complejo. En esta línea, los trabajos interesados en la escala diocesana han aportado matices interesantes al análisis. Por su carácter de cuerpo colegiado, la CEA expresaba en sus documentos una línea general en base a la cual los obispos podían posteriormente acentuar determinados aspectos por sobre otros, en función de la situación de su feligresía. Así, algunos obispos asumieron posturas más duras con respecto a la dictadura, mientras que otros permanecieron dentro de los límites de lo esperable, gestionando personalmente los reclamos recibidos por parte de diversos sectores en materia económica y de derechos humanos. El caso de Rómulo García parece encuadrar en este tipo de gestión que priorizó, entre 1981 y 1983, lo humanitario frente a lo doctrinal. En su discurso se aprecian, en esta etapa de transición, una serie de preocupaciones relativas a la situación del tejido social marplatense, golpeado duramente por la desocupación, la moralidad, en línea con la preocupación por el turismo en una ciudad típicamente dedicada a esta actividad, la idea de reconciliación y el sentido de la democracia.

A partir de 1981, puede observarse una actitud más crítica de la Iglesia en su conjunto, la misma que había bridado un marco de legitimidad a la intervención militar ahora mostraba su aprensión frente a la situación socio-económica y comenzaban a vislumbrarse preocupaciones más generalizadas sobre lo que entonces se entendía como la cuestión de los Derechos Humanos. En este marco, en Mar del Plata comenzaron a proliferar las iniciativas de diálogo en favor de la apertura democrática. Las manifestaciones católicas, como la Caravana de la Primavera y la Marcha de la Esperanza, sumaron a este clima de apertura. A la vez, se dieron reuniones con sectores sindicales en el marco de los crecientes reclamos por la situación socio-económica. No obstante, el tono de las declaraciones del obispo local se mantuvo mesurado, haciendo foco en el concepto de reconciliación surgido de “Iglesia y Comunidad Nacional”. A la vez, los vínculos entre el vicariato castrense y las FFAA a nivel local se manifestaron en ceremonias litúrgicas frecuentes.

Luego de la Guerra de Malvinas, las críticas a la dictadura se agudizaron y, desde la Iglesia, comenzó a reclamarse por una pronta reinstitucionalización. En ese marco, la diócesis local asumió dos ejes de intervención: la moral y el orden socio-económico. Así lo demuestran las intervenciones del obispo y vicario general tanto a nivel discursivo como sus encuentros con representantes políticos y sindicales. A la vez, el obispo local y su feligresía, en sintonía, expresaron desde el púlpito y las calles, respectivamente, la voluntad de encarar un proceso de reinstitucionalización que estuviera fundado en el respeto por los valores cristianos, la familia, la paz y la fraternidad. García asumió una línea discursiva centrada en la idea de dos polos de violencia, la de la guerrilla y la represiva, que debían dejarse atrás en la nueva etapa democrática.

Con las elecciones ya en miras, a lo largo de 1983, estas preocupaciones se fueron evidenciando cada vez más. Aparecieron claramente designadas en las pautas para el voto católico que diera a conocer la Iglesia y, en Mar del Plata, fueron reforzadas en las homilías de García. La recepción de la democracia se daba para la Iglesia en una heterogénea combinación de frustración por el fracaso dictatorial y cierta desconfianza por los desafíos que debía asumir el presidente Alfonsín. Las advertencias del obispo local con respecto al “libertinaje” y la “anarquía” que podían suscitarse con el retorno democrático dan cuenta de esta situación. Consideramos que el enfoque situado asumido en este trabajo permite vislumbrar cuáles fueron los canales a través de los cuales la Iglesia vehiculizó su accionar en el marco de la novel democracia que la encontraba en un proceso de reordenamiento institucional.

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